La reducción de la pobreza es tarea de todos: la recaudación impositiva y nuestra responsabilidad individual

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América Latina está en proceso de descentralización. Esto lleva a que cada vez más recursos y un mayor poder de decisión estén pasando de los gobiernos centrales hacia el nivel local. Este es un naciente panorama político, administrativo y fiscal que genera nuevos retos y oportunidades para los gobiernos, y para el desarrollo económico local de la región [1]. Ante este nuevo escenario, las políticas fiscales pueden contribuir a resolver los desafíos económicos y sociales que enfrenta la región de Latinoamérica.

Una dimensión fundamental del crecimiento sostenible es la sostenibilidad fiscal. Necesitamos más recursos y políticas fiscales sólidas. En nuestra región, 55% de la fuerza laboral está empleada en el sector informal, sin reportar impuestos u obtener beneficios sociales. A esto debemos sumar el problema de la evasión, o la falta de equidad entre el pago y el cobro de impuestos.

Los ingresos locales cubren sólo alrededor de 30% del total del gasto de los gobiernos municipales, frente a cerca de 60% en los países de altos ingresos, o 76% en el caso de las economías emergentes. Aunque a veces no nos demos cuenta, todo depende de una buena gestión fiscal: desde la capacidad para financiar infraestructura hasta la provisión de servicios de salud, la recolección de residuos, el alumbrado público, el mantenimiento de espacios verdes. En pocas palabras, sin un manejo adecuado de los recursos tributarios, es virtualmente imposible lograr el crecimiento sostenible en nuestra región.

“ Sin un manejo adecuado de los recursos tributarios, es virtualmente imposible lograr el crecimiento sostenible en nuestra región.

Ante este panorama y de cara al futuro, cada vez más gente se está dando cuenta de que estamos en un punto de inflexión de la historia, ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a hacer más con menos. Tenemos que aceptar los límites de nuestro medio ambiente, de los recursos fiscales acotados, especialmente frente a una demanda creciente.

Frente a estos límites y la escasez de recursos, la carta a jugar es la innovación. La innovación que nos permita hacer mucho más con esos mismos recursos escasos. Los ciudadanos latinoamericanos sueñan con una inversión pública que impulse el crecimiento económico con equidad y la mejora de la calidad de los servicios públicos tales como caminos asfaltados, acceso a energía sostenible, agua para todos, escuelas y hospitales equipados en servicios básicos.

En el contexto de América Latina y el Caribe – con una posición fiscal débil y perspectivas de crecimiento global bajas, la realización de este sueño está condicionado al fortalecimiento de instituciones de gestión de la inversión pública fuertes, transparentes y competentes que permitan invertir mejor, y hacer buen uso de los recursos[2].

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