Buriticá: una historia de cambio

Viendo al pueblo desde su plaza central costaba pensar que esa realidad aturdida alguna vez hubiera sido serena. El casco urbano colapsaba por la presión de una inmigración que era 6 veces mayor a su población, y la emergencia sanitaria se podía percibir bajo el ruido ensordecedor de motos y música de fiesta. Por otro lado, los comercios prosperaban, incluso subiendo sus precios, gracias al dinero que corría por la extracción del oro de manera ilegal en el municipio.

Para el 2014, el miedo cambió el significado de la palabra “paz” en los habitantes de Buriticá, un pequeño pueblo en las montañas de nororiente de Colombia. Esto, a raíz del alza en la ilegalidad y criminalidad, ligadas a la llegada de 13 mil migrantes en busca de una de las vetas de oro más ricas del país. A los hombres mineros se les unieron rápidamente muchachos buritiqueños con ilusión de tener entre sus bolsillos algo de la fortuna que se despilfarraba en los nuevos bares y burdeles de Buriticá.

Cuatro años después, sus esfuerzos rindieron más frutos, inspirando el apoyo de USAID y el Grupo BID[1] para reunir -por primera vez- a autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como la sociedad civil y el sector minero, para en conjunto hacerle seguimiento a los compromisos adquiridos por todos los actores.

Detrás de este renacer del Municipio está la unión de fuerzas entre la empresa que está construyendo la que será la mayor mina de oro de Colombia, el gobierno nacional, departamental y municipal, y en especial, el esfuerzo de líderes y lideresas locales. Estos últimos fueron artífices de la creación de esta coalición, al reclamar la presencia del Estado como parte de la solución a la crisis.

Se creó un espacio de diálogo entre la comunidad y las instituciones. El escenario en el que se tramitan las diferencias y se reclaman los compromisos, de frente a los líderes del municipio, se llama Plan Buriticá: un espacio para retomar el camino de la legalidad trayendo a las instituciones del Estado a una localidad remota; un diálogo que presta espacio para que la comunidad converja, comunique y resuelva sus inquietudes, buscando así el bienestar común de sus ciudadanos.

Buriticá es ahora citado frecuentemente como caso de éxito en Colombia. En los últimos cinco años, los homicidios, los embarazos adolescentes y la deserción escolar se han reducido a la mitad, y la presencia de las instituciones del Estado en el municipio pasó de 4 a 20 entidades.

Indiscutiblemente, la participación constante de líderes sociales y otras instancias de la sociedad civil en los comités interagenciales ha sido uno de los ejes fundamentales en el éxito de esta estrategia de diálogo que el municipio ha adoptado. En parte, esto ha sido posible por una articulación recurrente con un espacio de diálogo dirigido, sostenido e independiente que monitorea, reporta y hace seguimiento a las afectaciones de la comunidad.  

El Plan Buriticá – implementado por Jaime Arteaga y Asociados (JAA)– ha puesto sus esfuerzos en 3 líneas de acción: (i) liderar el comité de coordinación interagencial donde cada mes se reúnen los actores para monitorear y responder por los compromisos adquiridos; (ii) visibilizar ante el país lo que vive Buriticá, y denunciar públicamente cuando sea necesario, cualquier acción que amenace el retorno de la ilegalidad; (iii) implementar una intensa estrategia de cambio cultural que, a través de conversaciones, acciones artísticas, y comunicaciones, refuerce en los buritiqueños la idea de que no se puede dar un paso atrás.

Ahora Buriticá está mejor preparado para afrontar los retos de su desarrollo. Así lo confirma la comparación de dos encuestas de opinión realizadas en 2015 y 2019[2]: los buritiqueños son más optimistas que hace cuatro años, y perciben un continuo mejoramiento en servicios de educación, salud y agua.

Buriticá es una historia de cambio en Colombia. Su gran reto es continuar avanzando conjuntamente entre el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil hacia un sector minero legal, responsable y sostenible, con iniciativas como el Plan Buriticá.

A pesar de los avances hacia la legalidad, la amenaza de la extracción ilícita del oro permanece. Alcanzar la sostenibilidad del Plan Buriticá es prioritario para todos los involucrados, por lo que seguirá desempeñando un papel fundamental para denunciar y movilizar sus miembros para defender permanentemente del territorio. El monitoreo y constante relacionamiento social con los actores, llevado por un tercero independiente, garantiza la legitimidad del proceso. Además, el involucramiento del Grupo BID en su sistema de gobernanza ha permitido continuidad del Plan como un motor de cambio en esta comunidad.

Para que el Plan Buriticá sea sostenible, se migrará a un esquema de financiación asociado a la vida del proyecto minero, separando su financiamiento de su ejecución. La empresa asumirá progresivamente los gastos del Plan Buriticá de manera compartida con el gobierno nacional y departamental, y a su vez, seguirá siendo ejecutado por un tercero imparcial. Estas acciones aseguran la continuidad del diálogo, contribuyen a la gobernanza sectorial y al desarrollo inclusivo de Buriticá.

[1]La asistencia del BID al Plan Buriticá ha sido financiada por el Fondo Canadiense para el Sector Extractivo (CANEF). El financiamiento del Plan Buriticá, ejecutado por Jaime Arteaga y Asociados, también ha coincidido con programación de asistencia a micro y pequeñas empresas locales para su fortalecimiento e integración a la cadena de valor del sector, ejecutado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, al igual que con programación dirigida a generar mayor conciencia sobre violencia de género y veeduría ambiental comunitaria, ejecutada por la ONG Vamos Mujer.

[2]La encuesta fue hecha por el Centro Nacional de Consultoría. La muestra para ambas mediciones (2015 y 2016) fue de 350 personas, con un margen de error del 5,6% y un nivel de confianza del 95%.