Hacia una descarbonización profunda: el caso de Costa Rica

Costa Rica se alza como una de las primeras naciones en implantar una meta incondicional para lograr la carbono-neutralidad en el año 2050, e incluso ha publicado un plan para ello. A pesar de su tamaño, este país tiene grandes ambiciones y realiza grandes esfuerzos para alcanzarlas.

Costa Rica se ha planteado el gran desafío de reducir al máximo las emisiones de carbono en su economía. Esto es, separar el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible, asumiendo los costos que ello implica. La “descarbonización del país” es una iniciativa reciente, cuyas raíces se remontan al año 1949 con la promoción de fuentes renovables para la producción de energía eléctrica. Posteriormente en los 80s, Costa Rica promulgó una ley que prohíbe la tala de bosques o su explotación económica en parques nacionales, reservas biológicas, manglares, áreas protegidas, refugios de la vida silvestre y reservas estatales de bosques.

En la actualidad, la matriz energética del país es casi 100% renovable, siendo sus principales fuentes las energías hidroeléctrica (represas y caudal de ríos o filo de agua), geotérmica y eólica. Asimismo, cerca del 54% del territorio del país se encuentra cubierto por bosques, lo cual constituye una ventaja importante a la hora de intentar reducir las emisiones netas a cero.

No obstante, según el inventario nacional de gases de efecto invernadero, el sector transporte acapara la mayoría de las emisiones, dada su creciente demanda por combustibles fósiles. El parque automotor en circulación en Costa Rica se ha duplicado en los últimos 20 años, pasando de aproximadamente 450.000 vehículos en 1994 a más de 1.200.000 en 2014 (MINAE, 2015). Ello equivale a 204 vehículos por cada mil habitantes en 2011 y a 262 en 2015. En dicho año, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) anunció que el sector transporte “es responsable por el 66 % del consumo de hidrocarburos y del 54% de las emisiones de CO2 del país” (MINAE, 2015). Casi la mitad de este consumo es atribuible a los vehículos particulares.

Se hace necesario electrificar el sector transporte para reducir las emisiones a cero y con ello alcanzar las metas del Acuerdo de París. Lo anterior ha sido reconocido en el reciente Plan Nacional de Descarbonización, el cual hace hincapié en lograr un sistema de transporte más limpio y eficiente en tres de sus diez ejes de acción. Algunas de las metas propuestas son:

• En 2035 el 30% de la flota de transporte público será cero emisiones y el Tren Eléctrico de Pasajeros operará 100% eléctrico.

• En 2050 el sistema de transporte público operará en forma integrada y sustituirá al automóvil particular como la primera opción de movilidad para la población en la GAM.

• En 2050 el 85% de la flota de transporte público será de cero emisiones.

• En 2035, un 30% de la flota de vehículos ligeros – privados e institucionales – será eléctrico. En 2050, el 95% de la flota tendrá cero emisiones.

• El Tren Eléctrico Limonense de Carga (TELCA) entrará en operaciones en 2022 (para el transporte de carga hacia y desde el nuevo puerto de Limón).

• En 2030, el 20% de la flota de carga operará con LPG. 

• Para 2050, el transporte de carga será altamente eficiente y habrá reducido emisiones en un 20% con respecto a las emisiones de 2018.

El papel de la sociedad civil en la descarbonización

Estas metas se basan en mediciones científicas realizadas por el Laboratorio de Investigación en Potencia y Energía de la Universidad de Costa Rica– EPER-Lab (bajo la dirección del autorde este artículo) – para el proyecto “Vías para una descarbonización profunda en América Latina y el Caribe”(DDPLAC, por sus siglas en inglés). Este proyecto es financiado por el BID y coordinado por IDDRI.

Hemos desarrollado un modelo escalable, flexible, de código abierto y fácil utilización que permite la integración y la caracterización del sector energía (transporte y electricidad) en Costa Rica. Llamado IAM-CR-ALPHA, es inspirado en el sistema OSeMOSYS, y fue elaborado con apoyo del Real Instituto de Tecnología.

Este modelo permite analizar el sector energético con el fin de ayudar a los responsables del diseño de políticas públicas a tomar decisiones informadas. En el marco del proyecto DDPLAC, la Universidad aportó evaluaciones sobre cómo algunas de las metas enunciadas anteriormente pueden ayudar a alcanzar el objetivo de descarbonización.

Uno de los desafíos que surgen al evaluar un plan a largo plazo como este, se relaciona con el manejo de variables inciertas. Por ejemplo, resulta difícil estimar la disponibilidad y el costo de las tecnologías limpias durante los próximos cinco a 30 años. Por tal razón, y en el marco de otro proyecto del BID, la Universidad de Costa Ricase ha asociado con investigadores del Tecnológico de Monterreyy de la Corporación Randa fin de indagar sobre los efectos de dicha incertidumbre.

El equipo ha emprendido un estudio de los costos y beneficios del plan mediante una metodología de Decisiones Robustas (RDM). Dicho estudio intenta determinar aquellas condiciones en que el plan efectivamente reduciría las emisiones de forma satisfactoria, proporcionando beneficios económicos netos para Costa Rica, así como aquellas condiciones en las que el Plan resultaría insuficiente, a fin de identificar alternativas que permitieran evitar dichos riesgos.

Estas perspectivas han sido reunidas en múltiples talleres que apuntan a comprender los factores sociales que afectan y/o aumentan el impacto del Plan y su sostenibilidad. La descarbonización de Costa Rica requiere de esfuerzos que van más allá de los desplegados en el sector transporte, tal como se indica en el Plan. Establecer modelos para otros sectores permitiría a EPER-Lab contribuir al fortalecimiento del proceso de toma de decisiones públicas.

Dados los intrincados lazos entre los sectores energético, territorial e hídrico, que a su vez se afectan mutuamente, contar con un panorama global de la situación sin duda ayudaría al análisis de las metas de descarbonización del país. Con dicho fin, la Universidad se encuentra elaborando un modelo CLEW (clima-tierra-energía-agua), para lo cual recientemente recurrió a los servicios de un experto en el uso del agua y de la tierra.

La idea es seguir apoyando al MINAE en la tarea de comprender las complejas relaciones entre los sectores de su economía, la disponibilidad de combustibles y el comportamiento humano, a fin de guiar su accionar en esta materia. El caso analizado demuestra que los insumos y el conocimiento de las partes interesadas de la sociedad civil resultan esenciales para una toma de decisiones políticas sostenible. 

Para mayor información acerca de las mejores prácticas de relacionamiento entre los gobiernos y los actores de la sociedad civil con miras a impulsar las agendas de cambio climático en América Latina y el Caribe, consulta nuestra publicación.