Los procesos de consulta pública en el diseño de políticas públicas vinculadas al cambio climático cumplen una función doble. De acuerdo con un estudio del BID, por un lado, pueden ayudar a instalar las agendas climáticas entre los actores que participan de ese proceso y, por el otro, se enriquecen de esa participación. Esa relación recíproca fue la que se produjo en el proceso de consulta que culminó en el segundo Plan de Acción Nacional de Cambio Climático de Chile 2017-2022 (PANCC II), impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile.
“Por una parte, nos interesaba escuchar a la gente pero, por otra, también contarles lo que se estaba haciendo en cambio climático”, dice Fernando Farías, Jefe del Departamento y de la División de Cambio Climático entre 2013 y 2018. Y acerca del primer punto de esa relación recíproca, profundiza: “Es un buen ejemplo de cómo la participación ciudadana entrega información adicional que los gobiernos no tienen para poder hacer mejores políticas públicas. Lo común que encontramos es que el tema de la vulnerabilidad temática era lo que más les importaba a nivel de las regiones, pero la manifestación de esa vulnerabilidad difería. Entonces el proceso de participación ciudadana nos ayudó a detectar que no hay una receta única para hacerse cargo de las vulnerabilidades climáticas en Chile”.
La participación de la sociedad civil y de los gobiernos subnacionales durante el proceso de creación del PANCC II se dividió en tres momentos:
Y el tercer momento fue el de la consulta pública propiamente dicha: el anteproyecto fue sometido a un proceso formal de consulta en doce de las regiones del país.
“La participación ciudadana fue definida a nivel de cada región –continúa Farías–. Ellos dijeron ‘¿Sabes? Aquí los que saben más de cambio climático son estos académicos de esta universidad regional, o quiénes han estado trabajando en este tema son los de esta ONG’. Nos basamos en el conocimiento local para identificar a los actores principales, y eso permitió que la sociedad civil tuviera un rol muy importante, principalmente en la identificación de vulnerabilidades”.
La diversidad geográfica de Chile, desde el desierto en el norte hasta la Patagonia en el sur, provoca que temas como el acceso al agua o el tipo de actividad agrícola sean muy distintos entre regiones, y requieran de respuestas diferenciadas. Como producto del proceso de participación ciudadana, esa variación está reflejada en el PANCC II.
Además de contribuir a un plan que tomara en cuenta esta variación en las vulnerabilidades y sus respuestas asociadas, el proceso de consulta resultó en que la atención al cambio climático se incorporara con más fuerza a las agendas locales de política pública en las propias regiones, y se instalaran capacidades acordes.
“Nos interesaba institucionalizar al nivel de las regiones una estructura administrativa, que se llamaron los Comités Regionales de Cambio Climático (CORECC). En cada región se armó uno de estos comités, con representantes del gobierno pero también de la academia, el sector privado, y otras organizaciones de la sociedad civil. Se creó una organización institucional en torno al cambio climático, y no fue algo impuesto desde el nivel central. Invitamos a los que querían tener un CORECC y todos nos dijeron que por supuesto querían tenerlo”, explica Farías. De acuerdo a él, las agendas climáticas representa una oportunidad de generar política que escuchan a más sectores.
Chile aprovechó la Consulta Pública sobre el PANNCC II como una oportunidad para reunir a los diferentes actores clave, comprender mejor y adueñarse de los desafíos de desarrollo que implica el cambio climático, generando acciones concertadas. Para conocer otras acciones tomadas por el país para transicionar hacia una economía resiliente y carbono-neutral con una participación efectiva de la ciudadanía, ver la publicación Gobiernos y sociedad civil avanzando agendas climáticas: El caso de Chile.
Deja una respuesta