Mesa Ampliada del Gabinete de Cambio Climático en Argentina: de la iniciativa a la ley

En 2016, la Argentina suscribió al Acuerdo de París y asumió una meta nacional de reducción de sus emisiones de carbono. A partir de esa declaración, sin embargo, el Ministerio de Ambiente de la Nación tenía el desafío de que el plan que diseñara fuera aceptado y adoptado por otros actores, quienes tienen el potencial de poner en práctica las acciones climáticas necesarias para alcanzar esas metas, como los distintos sectores productivos.

Con ese objetivo en mente, en 2016 se creó la Mesa Ampliada del Gabinete de Cambio Climático, un espacio de trabajo para que la ciudadanía participe de la implementación de las metas climáticas del país. De esa manera, a los 12 ministerios que ya integran el gabinete se suman en su versión ampliada organizaciones no gubernamentales, universidades nacionales y provinciales, funcionarias y funcionarios públicos, organismos del Estado y representantes de partidos políticos y del sector privado.

Se trata de reuniones regulares, generalmente dos al año, donde el Gabinete presenta avances en la agenda de cambio climático y participantes de varios sectores proporcionan aportes desde su conocimiento técnico sectorial sobre los pasos a seguir para llevar las metas a buen puerto. Las reuniones se utilizan para evaluar los planes sectoriales y las acciones concretas que llevarán adelante los distintos sectores productivos del país para reducir la contribución argentina al cambio climático.

¿Qué ocurrió luego de los encuentros?

En esos encuentros, los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se alimentan de las sugerencias, comentarios e información que ayudan a fortalecer la estrategia de acción climática del país, y derivan en planes consensuados. Así, por ejemplo, se desarrollaron seis planes sectoriales de mitigación y adaptación para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Recientemente, la Argentina tomó la decisión de aumentar la meta de contribución un 25,7% más respecto de la que había asumido en 2016. La manera de compartir esa decisión con la sociedad civil fue llamar a una nueva edición de la mesa ampliada, que se realizó de manera virtual. Participaron del encuentro unos 750 asistentes, y otras 450 personas siguieron la reunión en vivo a través del canal del Ministerio de Ambiente en YouTube.

En esta reunión también se recibieron insumos iniciales sobre la construcción participativa de una Estrategia de Descarbonización a Largo plazo con un horizonte temporal a 2050. Este tipo de estrategia ha demostrado ser esencial para asegurar una transición justa hacia cero emisiones netas, ayudando a los países a evitar confinarse en vías de desarrollo que sean excesivamente contaminantes y con una alta emisión de carbono, algo que generarían riesgos financieros más adelante. De acuerdo con funcionarios del Ministerio, “la reunión se planteó como un taller de intercambio abierto a toda la comunidad para crear un espacio de diálogo y de recepción de propuestas”.

En cuanto a la sostenibilidad de esta práctica, aunque la Mesa Ampliada del Gabinete de Cambio Climático empezó a funcionar en 2016 a partir de un decreto, no había en ese momento una ley que así lo indicara, lo cual podía eventualmente poner en riesgo su sostenibilidad. En 2019, sin embargo, se aprobó la Ley N.° 27520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, que promueve espacios de articulación entre el sector público y los actores de la sociedad civil a nivel nacional y provincial, con el objetivo de nutrirse de sus aportes y consideraciones, reconociendo así la importancia de planificar una participación ciudadana efectiva para avanzar en las metas climáticas nacionales.

Asimismo, en temas de participación ciudadana y bioeconomía el BID ha comenzado en el mes de mayo de 2021 la primera fase de diálogos con organizaciones de sociedad civil y ciudadanía de la Cuenca Amazónica para conocer percepciones y preocupaciones, así como visiones a futuro para integrar en el diseño de propuestas para implementación de operaciones en Guyana, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Suriname y Bolivia.
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