El desafío de la transición energética hacia fuentes más limpias y renovables tiene un socio obligado: las industrias extractivas en grado de producir insumos para turbinas eólicas, baterías de teléfonos y computadoras

Casi el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe procede del sector extractivo, una cifra equivalente al valor generado por la agricultura.

Las exportaciones mineras representan más del 50% del total de las exportaciones en algunos países (por ejemplo, Chile y Perú) y se espera que crezcan aún más en un futuro próximo, ya que ninguna transición energética será posible sin la mayor disponibilidad de muchos más minerales, especialmente el cobre y el litio.

La ciudadanía es cada vez mas consciente de los riesgos e impactos generados por los cambios de la temperatura y los patrones climáticos. El mundo parece dividido entre quienes sostienen que el crecimiento económico y el progreso social debe tener la prioridad, y aquellos que denuncian graves acciones contra el ambiente exigiendo cambios drásticos en diversas políticas públicas para conseguir el fortalecimiento dominante en políticas climáticas más eficaces.

En este escenario no hay, sin embargo, una responsabilización de quien debe asumir los costos de la transición por lo que aumenta la tensión de oposición generando un debate confuso.

Lo cierto es que la transición energética exigirá más minerales, cuya extracción en muchos casos implica minería intensiva con altas emisiones de carbono que requerirán tecnologías y prácticas adecuadas para limitar su impacto ambiental.

En este contexto, nos preguntamos cuales eran las mejores prácticas donde los gobiernos al incluir a las partes interesadas junto a las industrias en iniciativas extractivas generaban desarrollo. Así realizamos un diagnóstico en países ricos en recursos naturales como Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, y República Dominicana, echando luz a buenas prácticas que podrían ser replicadas en otros países.

La investigación evidenció vacíos de conocimiento en cuanto la articulación de sociedad civil/comunidades-gobiernos-industria para impulsar la minería del futuro que contemple las necesidades y preocupaciones de la ciudanía, el cuidado ambiental y los objetivos de desarrollo del sector público junto a la rentabilidad necesaria para el que el sector privado pueda invertir en nuevas tecnologías.

Algunos de los resultados obtenidos en el diagnóstico muestran que la coordinación entre gobiernos de diferentes niveles, industrias extractivas y sociedad civil aumenta las  oportunidades  para  que  los recursos provenientes del sector extractivo contribuyan a un desarrollo local. Por  ejemplo, en Argentina, proyectos mineros contribuyeron a que la  economía local basada en la producción de lana y fuertemente atravesada por una crisis, se recuperara y generara oportunidades para la comunidad manifestando una mejor disposición a participar en un relacionamiento con la empresa para lograr resultados concretos y tangibles.

En  estos procesos, las comunidades se han comprometido no solo con sus propias visiones de desarrollo, sino también con el gobierno nacional para contar con su presencia institucional en el territorio y la garantía del cumplimiento de sus derechos.

Lo anterior fue compilado en un ciclo de formación MOOC  accediendo a estudios, casos reales, buenas prácticas, material audiovisual accesible online desde este enlace o en el QR a continuación.

Este conocimiento destinado a agentes de gobierno, sector privado y a organizaciones de la sociedad civil permite echar luz sobre otra realidad posible en operaciones de alta complejidad: un sector extractivo responsable es desarrollo y sostenibilidad.

Al completar todos los módulos del curso y superar sus evaluaciones, el/la participante recibirá un certificado de aprobación emitido por el BID.

Más información sobre la oferta formativa disponible desde una perspectiva de inclusión de partes interesadas está disponible en WiConnect.